VICENÇ NAVARRO
Uno de los dogmas neoliberales que se reproducen con más frecuencia en
los círculos empresariales y financieros (y ahora –con la reforma
aprobada por el Gobierno Zapatero– en los círculos políticos
dominantes) es el de atribuir el elevado desempleo en España a
supuestas rigideces del mercado de trabajo, consecuencia de un
excesivo poder de los sindicatos. Esta postura se promueve en los
medios de mayor difusión y se ha convertido en la sabiduría
convencional del país. De esta interpretación de las causas del
desempleo se concluye que la intervención más eficaz para resolverlo
consiste en desregular los mercados laborales, diluyendo el papel de
los sindicatos en los convenios colectivos y facilitando el despido de
los trabajadores.
Lo que es sorprendente es que esta explicación del elevado desempleo
se promueva en los medios de información, cuando la evidencia empírica
existente la cuestiona ampliamente. En realidad, tal evidencia forzó a
la OCDE (institución neoliberal que promovió esta teoría) a
desautorizar su famoso informe Jobs Study Report del año 2004, donde
se proponía la desregulación de los mercados de trabajo como la medida
más eficaz para reducir el desempleo. En aquel informe se decía que la
dificultad en despedir a los trabajadores con contrato fijo (los
llamaba los insiders) hacía que los empresarios fuesen reacios a
contratar a los que no tenían trabajo (los llamados outsiders).
La evidencia, repito, no avala tal teoría. En primer lugar, no hay que
confundir (lo cual ocurre constantemente) la tasa de desempleo con la
tasa de crecimiento del desempleo. Son dos indicadores distintos. La
primera es elevada, en general, cuando no hay suficientes puestos de
trabajo disponibles para la gente que quiere trabajar. Y esto es lo
que ha ocurrido desde hace bastante tiempo y explica por qué siempre
España, incluso en tiempos de bonanza económica, tiene un elevado
desempleo. Y una de las mayores causas de la falta de puestos de
trabajo es el escaso desarrollo del sector público y, muy en
particular, de los servicios públicos del Estado del bienestar, tales
como sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia,
servicios de ayuda a las personas con dependencia, vivienda social y
otros servicios. Si España tuviera el porcentaje de la población
adulta que trabaja en tales servicios (hoy es el 9%) que tiene Suecia
(25%), tendría más de cinco millones de puestos de trabajo más de los
que tiene ahora, cifra que es superior, por cierto, al número de
desempleados que tiene ahora España, con lo cual el desempleo no
existiría. Tales puestos de trabajo podrían financiarse con los
200.000 millones de euros más de los que recibe el Estado español
(tanto central como autonómico y municipal) si este tuviera la
política fiscal que tiene Suecia.
El problema, pues, no es económico, sino político, y ello aparece con
toda claridad cuando analizamos quién paga impuestos en España. La
gran mayoría de impuestos procede de las rentas del trabajo. La
población que está en nómina paga, en general, unos impuestos que
proporcionalmente son semejantes a los impuestos de sus homólogos en
la UE-15, y sólo ligeramente inferiores a los que pagan sus homólogos
en Suecia. El trabajador de Seat, por ejemplo, paga en impuestos el
75% de lo que paga el trabajador de Volvo. Quienes no pagan son las
rentas superiores. Los ricos y los grupos fácticos (banca y gran
patronal) españoles pagan en impuestos sólo el 20% de lo que pagan sus
homólogos en Suecia. El enorme poder político y mediático de estos
últimos da lugar a las políticas fiscales regresivas que explican, en
parte, los bajos ingresos al Estado y la escasa creación de empleo
público. Es necesario y urgente aumentar los impuestos y su
progresividad creando empleo (y reduciendo el déficit social de
España, que tiene el gasto público social por habitante más bajo de la
UE-15).
Como decía, la tasa de desempleo es un indicador distinto a la tasa de
aumento del desempleo. Los países, junto con España, que han tenido
mayor crecimiento del desempleo durante la crisis han sido EEUU e
Irlanda. España ha tenido de 2007 a 2009 un crecimiento de 12 puntos
en su desempleo; Irlanda de 9,7 puntos y EEUU de 4,7 puntos. Y EEUU e
Irlanda son los países que tienen mayor desregulación del mercado de
trabajo. En ellos, el empresario puede despedir con toda facilidad y
los sindicatos son muy débiles. El único país de la OCDE que ha visto
continuar el descenso de su desempleo ha sido Alemania, y ello a pesar
de que tuvo uno de los colapsos económicos más marcados de su PIB
durante la crisis, el cual cayó en picado un 4,7% (mucho más que EEUU,
un 2,7% del PIB, y que España, un 3,7%) como consecuencia de la
disminución de sus exportaciones, resultado de la recesión mundial. Y
Alemania es uno de los países que tienen los mercados laborales más
regulados y unos sindicatos más fuertes. En realidad, la cogestión
empresarial, con los trabajadores y sus sindicatos representados en
los comités de dirección de las empresas, explica que estas, al ver
disminuir las demandas de sus bienes y servicios, hayan escogido
reducir el tiempo de trabajo de cada trabajador en lugar de
despedirlos. En España, sin embargo, el empresario despide, lo cual no
sólo tiene un coste humano y social, sino un coste económico, pues el
trabajador a largo plazo pierde conocimientos y facultades que
necesitará más tarde para emplearlo de nuevo.
Facilitar el despido en tiempos de recesión aumenta el desempleo, pues
el empresario se adapta a la reducción de la demanda disminuyendo su
fuerza de trabajo. Esto es lo que está pasando en España. Y las
políticas públicas (de clara sensibilidad neoliberal) que se están
aprobando por el Estado lo están facilitando.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas Universitat Pompeu Fabra.
http://blogs.publico.es/dominiopublico/3544/las-ignaradas-causas-del-paro
http://www.attac.es/las-ignoradas-causas-del-paro
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